No solamente las personas LGBT son víctimas de discriminación, la lista también incluye a los establecimientos concebidos para esta población. Especial de Sentiido sobre “rumba gay”.
Hasta mediados de la década de los noventa, aún era frecuente que a la salida de espacios como Zona Franca en Bogotá (bar para personas LGBT pero frecuentado principalmente por hombres homosexuales), la Policía estuviera más atenta que nunca a requisar y a detener a los asistentes que le fuera posible.
Aunque sus funcionarios no reconocían que el principal detonante del “operativo de seguridad” era la orientación sexual de estas personas, era más que obvio que este era el motivo “de peso” para encender las alarmas.
Edison Ramírez, quien fue socio de dicho establecimiento, confirma que, por ese entonces, la Policía los molestaba muchísimo.
De igual manera sucedía con sitios como Village Café, uno de los que contribuyó a posicionar a Chapinero como “zona gay”. Según Daniel Sánchez, administrador de este lugar, al principio hubo presiones por parte de la alcaldía y vecinos del sector, pero con el tiempo esto cambió. Y así ha sucedido en buena parte de Bogotá.
Según Ramírez, quien también es gestor y socio de Theatron, ahora, por el contrario, la Policía es un gran apoyo para la rumba. “Es una clara muestra de lo que se ha avanzado en este tema”.
Sin embargo, en ciudades como Barranquilla aún persiste la presión por el cierre de los establecimientos creados para la asistencia de público gay. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, explica que en noviembre de 2011, la juez segunda penal de infancia y adolescencia, María Paulina Diazgranados, emitió una orden solicitando el cierre de Sky Bar Discoteca y Studio 54.
Entre las razones de su decisión estaba que las “prácticas” llevadas a cabo en estos lugares ponían en riesgo la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Señalaba, además, que por el personal que los frecuentaba eran espacios proclives al tráfico de drogas y al comercio sexual con menores de edad.
¿LGBT = delincuencia?
En otras palabras, asociaba a las personas trans y a las orientaciones sexuales distintas a la heterosexual con comportamientos delictivos y, a los lugares de rumba de la población LGBT, con criminalidad.
La juez daba por hecho que por ser espacios concebidos para personas gays había tráfico de drogas, comercio sexual, escándalos y problemas de orden público. Los calificaba como “focos de violencia” y responsabilizaba de esto a sus propietarios.
“Es lo mismo que sucede con los lugares de encuentro sexual de las mujeres trans a los que, fácilmente, se clasifica como sitios de violencia y se culpa de esto a ellas, en vez de ser percibidas como víctimas”, dice Wilson Castañeda.
Además del cierre de estos dos establecimientos, el fallo de la juez le pedía a la alcaldía de Barranquilla garantizar que, a partir de entonces, no permitiría la apertura de espacios similares.
A pesar de lo descabellada de la decisión, ninguno de los propietarios apeló y el trámite siguió adelante. Así, el segundo fallo ordenó el cierre definitivo.
En ese entonces, asumió Elsa Noguera la alcaldía de Barranquilla y logró aplazar la decisión por un tiempo. Sin embargo, la juez siguió insistiendo en el tema y llamando la atención por el desacato hasta que no quedó otra alternativa que aceptar el fallo.
Según Wilson Castañeda, detrás de esta persecución contra los bares LGBT fueron determinantes el testimonio de un vecino influyente del sector y el periódico El Heraldo, “medio que señaló a la población LGBT de infringir las normas y secundó la idea de que este tipo de establecimientos le hacen daño a Barranquilla”.
Así, entre la juez, el vecino y algunos medios de comunicación, se logró poner a la ciudadanía en contra de las personas LGBT. “Fueron meses muy intensos donde se presentó un mayor número de víctimas y de agresiones, debido a que se intentó polarizar la ciudad y hacer ver como perversa a esta población”, agrega Castañeda.
La ley según el bar
Si bien los bares y discotecas deben someterse a la reglamentación existente, en los fallos de la juez Diazgranados fue evidente el señalamiento contra aquellos frecuentados por hombres gays, ignorando, incluso, los espacios de rumba para “heterosexuales” en los que se exceden los niveles de sonido y a los que asisten menores de edad.
“Se leía entre líneas que su actuar estaba impregnado de homofobia y prejuicios contra las personas LGBT, tal como sucede con otras tantas decisiones del sistema judicial colombiano”, agrega Castañeda.
Para completar, el año pasado fueron cerrados en un solo fin de semana tres bares más en Barranquilla porque, supuestamente, era necesario replantear su ubicación.
Por otra parte, también preocupan los riesgos a los que se ven expuestas las personas a la salida de estos establecimientos. Aunque lo que sucede afuera no es de competencia de los propietarios sino de la policía, tanto unos como otros deben saber que, en ocasiones, los asistentes son agredidos, especialmente las mujeres trans. “Una vez, una de ellas le pidió a un portero de un bar que la dejara entrar para esconderse de unos agresores y este no accedió”, dice Castañeda.
La discriminación contra estos espacios es similar en otras ciudades del Caribe como Cartagena. Con la diferencia de que por ser turística, los bares y discotecas ubicados en el sector histórico, como L’Petit, además de ser costosos (son concebidos para turistas) no tienen mayores restricciones para su funcionamiento.
Vigilancia sin homofobia
Por el contrario, los pocos establecimientos que abren sus puertas en otras zonas y que son más accesibles para los cartageneros, son víctimas de persecuciones por parte de la policía.
Sus funcionarios dicen que acuden porque los vecinos se quejan, pero a la hora de la verdad sus argumentos nunca son que infringen la ley. “Aunque no lo digan, es evidente que tiene mucho que ver el hecho de que sus asistentes sean gays”, afirma Castañeda.
A pesar de que la música, la rumba y la fiesta caracterizan gran parte del Caribe, a la hora de abrir espacios de diversión para la población LGBT, los empresarios del sector suelen encontrar trabas para gestionar los permisos.
Por todo esto, es urgente empezar a crear protocolos más claros y hacer un seguimiento a estos establecimientos según lo establecido por la ley, sin prejuicios ni homofobia de por medio.
El problema es que si esto sucede en ciudades en las que por lo menos se ha dado el paso de abrir espacios de diversión donde las personas LGBT no sean señaladas ni juzgadas, ¿qué puede esperarse de aquellas en las que ni siquiera existen?
El granito de arena de los bares:
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, es importante pedirle a las alcaldías que, entre los requisitos para abrir negocios dirigidos a las personas LGBT, esté que sus propietarios le apuesten a campañas para la no discriminación en sus espacios. Esto, con el fin de demostrar un compromiso social con esta población.
Edison Ramírez, gestor y socio de Theatron, asegura que ellos han apoyado al Centro Comunitario LGBT y durante años lo hicieron con la marcha por la ciudadanía plena o del orgullo gay. “Pero es exactamente igual a que dijeran que Andrés Carne de Res o cualquier otro establecimiento similar debe tener programas sociales. Esta es una empresa de entretenimiento que, adicional a eso, puede o no tener un compromiso social. Y aunque lo tenemos, no es obligatorio.
Fuente: Sentiido
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